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| La farmacia descarta que la nueva orden de precios genere desabastecimientos |
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El pasado martes entró en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado un día antes, la orden ministerial que determina los nuevos conjuntos de especialidades farmacéuticas con sus respectivos precios de referencia. Esta norma, que supone la actualización de los precios de unos 200 fármacos (ver EL GLOBAL nº 197) que ya estaban afectados en una orden anterior de 2002 (pero que por no llevar un año en el mercado no pudieron incluirse en la rebaja aprobada a principios de este año), actuará, según Sanidad, sobre la actividad de un total de 45 compañías farmacéuticas (con un impacto de 8,10 millones de euros), y generará un ahorro estimado de 12,94 millones de euros. De ellos, 12,04 millones repercutirán en el Sistema Nacional de Salud y el 0,90 restante, en el bolsillo del consumidor. El impacto para las oficinas de farmacia será de 3,44 millones de euros.
A pesar de haber entrado ya en vigor, la orden (la última impulsada por el anterior equipo ministerial) tiene un periodo de aplicación de dos meses. Así, a efectos de facturación, los precios anteriores de las especialidades afectadas se mantendrán hasta el 31 de julio. A partir del 1 de agosto, sin embargo, las facturaciones cerradas se liquidarán con los nuevos precios y las existencias con precio antiguo podrán ser devueltas a las compañías farmacéuticas.
Éste fue, precisamente, el punto que más polémica generó en la anterior orden, cuya entrada en vigor, prevista en principio para el 1 de febrero, se adelantó finalmente un mes, ocasionando diversos problemas de desabastecimiento. El plazo de dos meses contemplado en la presente norma indica, previsiblemente, que estos problemas no se repetirán, según han destacado los farmacéuticos.
Así lo señalaron la semana pasada tanto Isabel Vallejo, presidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), que calificó de “trámite” una disposición que, en su opinión, no cambiará la tendencia del gasto farmacéutico ni supondrá cambio alguno en el consumo de medicamentos genéricos, como Pedro Capilla, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).
El establecimiento de un plazo de ejecución razonable era una de las principales alegaciones que la Organización Farmacéutica Colegial remitió en su día a la Administración (ver EL GLOBAL nº 195), junto a otras relativas al número de conjuntos afectados o la realización de una campaña de información a los ciudadanos.
Asimismo, y preguntado por la posibilidad de que se mantuviera el sistema simplificado de devoluciones que la farmacia, la industria y la distribución (ver EL GLOBAL nº 188) acordaron para la anterior rebaja de precios, Capilla señaló a este periódico que aquél fue un acuerdo “puntual” para los productos afectados por los precios de referencia que carecían de un genérico de sustitución y tenían un precio superior al fijado por la Administración, y que deberá volver a estudiarse en el caso de que tal circunstancia volviera a producirse con la presente orden. Mientras tanto, el presidente del CGCOF confió en el entendimiento entre las farmacias y sus correspondientes distribuidoras.
Distribución e industria
Tampoco para la distribución la norma ocasionará ningún perjuicio, dado el reducido número de medicamentos afectados, y que suponen un diez por ciento respecto de los más de 2.000 cuyo precio se vio rebajado por la orden de enero. Según el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Mayoristas de Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas y Productos Farmacéuticos (Fedifar), Antonio Mingorance, el único problema que podría existir, dado que es el 1 de agosto cuando la norma se hace efectiva, es que esta fecha coincide con el cierre estival para la mayoría de las compañías farmacéuticas, si bien, a su juicio, la industria no dará lugar a que se produzcan desabastecimientos.
Por su parte, Farmaindustria se ha ratificado en las alegaciones que ya presentó en su momento a Sanidad. La postura de la patronal es que esta norma es innecesaria jurídicamente y que provocará el tener que cambiar los precios dos veces cada año, cuando lo lógico, a su parecer, hubiera sido esperar a diciembre para hacer coincidir las revisiones de precios de referencia de todas las especialidades sujetas al sistema en una sola orden. |
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